Barcelona prevé aprobar hoy el reglamento para restringir desde el 1 de enero la circulación de automóviles sin etiqueta ambiental, lo que lleva al Ayuntamiento a augurar que disuadirá de transitar a unos 50.000 vehículos al día en horario laboral en 2020, sumando prototipos diésel anteriores a 2006 y de gasolina previos al 2000. Aun dirimiendo los dos millares de alegaciones presentadas, el trámite no cerrará todos los flecos sobre la Zona de Bajas Emisiones. El bipartito de la alcaldesa Ada Colau quiere que el Gobierno complemente las sanciones retirando puntos del carné a los conductores que penetren de forma reiterada con modelos vetados en los 95 kilómetros cuadrados en que se pretende poner coto a la contaminación.
El concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, ha planteado hoy en TV3 que el Ejecutivo central descuente puntos «en caso de reincidencia» a los conductores que vulneren las limitaciones al tráfico en la urbe y las cuatro localidades de su entorno que incorporan las mismas limitaciones. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha desmarcado de la propuesta.
Antes de sugerir que se resten puntos, el gobierno municipal cedió en la idea de multar con 200 euros a turismos, motocicletas y furgonetas que desacaten las prohibiciones. Sumaba 100 euros de infracción leve de tráfico más otro importe idéntico por incumplimiento de los niveles de calidad de aire que la Unión Europea establece. Los servicios jurídicos de los ayuntamientos advirtieron que el segundo concepto carecía de cobertura jurídica. Badia sostiene que la rebaja se compensa dejando tan solo 90 minutos de margen entre la imposición de una multa y otra en caso de que las cámaras de vigilancia cacen de nuevo durante el día al mismo vehículo no adaptado a los estándares exigidos.
En cualquier caso, un informe del Consistorio diagnostica que las primeras cortapisas permanentes al tráfico contendrían un 11% el dióxido de nitrógeno y un 7% las partículas, una caída insuficiente para lograr el 30% menos de contaminación que la UE reclama para 2024. En ese sentido, Badia defiende «reducir un 50% de vehículos» en Barcelona. No ha aclarado cómo hacerlo; lo máximo que el Ayuntamiento ha previsto es que 125.000 vehículos dejen de entrar en la ciudad en 2024, que representan el 20% de los que circulan ahora. Al igual que el Ayuntamiento y el Área Metropolitana han especulado, Badia se ha abierto a estudiar peajes de acceso a Barcelona, sin concretar más.
Por otro lado, del gobierno de comunes y socialistas examinan aceptar una petición de ERC para que las familias de renta escasa y los autónomos con bajos ingresos estén exentos de castigo y puedan circular sin un modelo acondicionado a los parámetros de emisiones previstos. También se ha retocado la norma para que estén exentos los conductores con volante para una visita médica o automóviles transformados para negocios particulares y que «es imposible amortizar», señaló Badia. Los vehículos de transporte y mercancías quedan al margen de las restricciones hasta 2021. El Ayuntamiento confía en que la DGT les permita adaptarse instalando filtros de gases, como algunos gremios han rogado y a lo que plataformas ecologistas se oponen.
Fuente: Elmundo.es (9/12/19) Pixabay.com
