Desde que comenzó a normalizarse su uso para generación de energía, ya sea en grandes parques o en residencias particulares -es decir, entrado el siglo-, las placas solares han sufrido dos plagas de robos que dañaron gravemente al sector. Sin llegar a al nivel bíblico anterior, la Guardia Civil ha detectado que han crecido estas sustracciones, aunque con un fin bastante más pedestre y alejado de las mafias: el autoconsumo.
Fuentes de la Guardia Civil confirman que se ha producido un aumento en el robo de paneles fotovoltaicos en comunidades como Andalucía o Castilla-La Mancha. En otras, como Madrid, no se ha apreciado esta tendencia, aunque creen que se debe tanto a que hay menor número como a que muchas de ellas están situadas en urbanizaciones con mayor seguridad.
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía (ANPIER), no cree que esto se pueda comparar con las «grandes oleadas» de «robos muy importantes» de 2009 y 2017. Sin embargo, a pesar de no tener constancia de que haya un aumento de robos, le ve sentido: «hoy la luz vale mucho dinero; el recibo de la luz se está poniendo prohibitivo», explica.
Antes de continuar conviene recordar las dos marejadas de las que habla Martínez-Aroca. La primera afectó a los propios paneles y tuvo lugar en torno a 2009, «cuando un panel solar valía exactamente igual que un televisor de plasma por aquel entonces». Es decir, podía rondar los 400 euros.
«Estaban en el medio rural, entonces saltaban las verjas o las cortaban», cuenta el directivo. «Se arriesgaban con las alarmas, porque daba igual; realmente llevarse dos, tres o cuatro paneles era un gran robo». Después se enviaban a África -la Guardia Civil interceptó «muchísimos envíos» por carretera y en el puerto de Algeciras-, donde tenían mucha demanda. Pero con el tiempo dejó de ser rentable por que el precio ha bajado considerablemente: «hoy un panel cuesta exactamente un 90% menos».
La segunda ola llegó, al igual que la de la canción, con fuerza desmedida. «Hubo muchísimo robo», recuerda Martínez-Aroca, pero en este caso, del cobre de las instalaciones, no de las placas. «Quitaban el envoltorio que lo envuelve y todo lo demás es cobre de altísimo valor», apunta, y «sabían cómo cortar la luz para no quedarse achicharrados«. Al importante valor del cobre, uno de los elementos más caros de la instalación, había que unir que el robo provocaba «importantes daños y paradas». En su caso, un ataque en Jumilla le hizo perder «más de 120.000 euros en una sola noche».
Quienes surfearon esta ola con «virulencia y rapidez» fueron bandas organizadas del este de Europa «especializadas en extraer cobre en grandes cantidades». «Venían hasta con camiones; los tíos eran superprofesionales», recuerda el empresario, que apunta, aliviado, que fueron detenidos.
Así llegamos a la situación actual que Martínez-Aroca ve factible, aunque no preocupante: «bandas organizadas, no; ¿ladronzuelos para llevarse el panel para autoconsumir? Es posible». Aunque no rentable, pues calcula que su precio estará en torno a los cinco o los diez euros y un panel vale unos 80.
En cualquier caso, cree que no tiene mucho sentido, porque la alternativa legal es asequible y suma ventajas -sin contar con la evidente de no delinquir- como la garantía. «Lo veo casi más una necesidad vital de alumbrarse allá donde viva esta gente que el hecho de que realmente haya un mercado negro que esté demandando paneles robados y usados», explica. «Es como el que roba para comer: la luz es prohibitiva y seis paneles te dan para iluminar a nivel de iluminación básica una pequeña casita».
Fuente: elmundo.es (29/6/21) pixabay.com
