Las ofensivas de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal de los últimos años han desatado unos efectos secundarios. Los Tribunales Económicos-Administrativos —los órganos dependientes del Ministerio de Hacienda que revisan la legalidad de las actuaciones de la Agencia Tributaria y cuyas decisiones sientan doctrina— están colapsados. Acumulan más de 300.000 reclamaciones pendientes de resolver y están sumidos en una situación que amenaza con hacer prescribir cientos de expedientes con el correspondiente perjuicio para las arcas públicas, según cálculos de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE).
La crisis ha contribuido al colapso. Desde 2009, el número de quejas presentadas en estos tribunales supera a las que se resuelven. Solo en 2014, último dato disponible, se registraron 17.760 más recursos de los que los tribunales pudieron satisfacer. El desfase acumulado de quejas registradas y resueltas en la crisis asciende a 149.637 expedientes, según datos oficiales de la Memoria Anual de los Tribunales Económicos Administrativos (TEA).
El presidente de la Organización de inspectores de Hacienda (IHE), José Luis Groba, asegura a EL PAÍS que «la situación de estos tribunales es explosiva». Y añade: «Las reclamaciones se están acercando peligrosamente al plazo de prescripción». Desde esta organización profesional que representa a los más altos funcionarios de la Agencia Tributaria advierten sobre el elevado coste para el Estado. «Es brutal tanto por los intereses de demora como por los avales», abunda Groba, que explica como algo más del 41% de las reclamaciones que resuelven los TEA las pierde la administración en favor de los contribuyentes. «Eso provoca un coste tremendo porque hay que devolverles el coste de los avales y los intereses de demora de los cuatro años —un 3,75% al año—. Eso es una barbaridad. Cada día que pasa un expediente en los tribunales es un coste para las arcas públicas», remarca. El inspector de Hacienda recuerda que si transcurre un año sin que el tribunal económico resuelva «no se pueden liquidar intereses de demora del 3,75% en el supuesto de que se desestime la reclamación».
La situación cobra relevancia porque la Agencia Tributaria tiene unos 50.000 millones de euros pendientes de cobro, algo menos de la mitad está varado en los tribunales, según cálculos del Tribunal de Cuentas. Groba pide que se refuercen los tribunales económicos para poder dar salida a la acumulación de expedientes pendientes. «Los funcionarios de estos tribunales se sienten muy presionados porque no dan abasto. Esto hay que resolverlo», advierte.
Ciudadanos ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre el asunto
Ante esta situación, el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha registrado este martes una batería de preguntas parlamentarias sobre el asunto. «Estos órganos se han caracterizado por una escasez de personal y recursos que hace que los plazos de resolución se hayan incrementado en los últimos años», explica De la Torre en la exposición de motivos de la iniciativa que ha registrado en el Parlamento. «Esto no solo lesiona los derechos de los ciudadanos sino que supone costes y riesgos muy importantes para la Hacienda Pública», agrega.
De la Torre explica que desde «el año 2010, dada la insuficiencia de medios, y probablemente en algunos supuestos la inadecuada organización, el número de asuntos que se reciben es muy superior a los asuntos resueltos». El parlamentario de Ciudadanos señala en la exposición de motivos que «según la última memoria en 2014, frente a una entrada de 207.053 solo se resolvieron 189.293. Según estimaciones extraoficiales, los datos de 2015 que todavía, sorprendentemente, no han sido publicados implican un desfase superior entre las reclamaciones recibidas en estos órganos y las resueltas».
De la Torre recuerda que estos órganos tienen escasez de personal
Por eso, pregunta al Gobierno sobre el plazo medio de la resolución de las reclamaciones en estos momentos, sobre el número de reclamaciones pendientes en la actualidad, por el importe de la deuda reclamada pendiente o, incluso, por los intereses que deja de cobrar la Hacienda Pública por resolver en cada instancia más allá del año.
La Fundación Impuestos y Competitividad (FIyC), una organización en la que participan los grandes despachos de abogados y tributarios del país, reclamó hace un par de años un paquete de medidas para mejorar la resolución de conflictos entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes. Varios expertos han advertido sobre este tema. Pero, de momento, la bola de expedientes no ha hecho más que aumentar.
Fuente: Elpais.es (11/10/16) Pixabay.com
Dejar una contestacion