«Según los datos que constan en poder de la AEAT, obtenidos a través del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, usted ha tenido la disponibilidad de fondos situados en Suiza en la/las cuentas del banco HSBC Private Bank Suisse durante el año 2005 y/o siguientes”. Así empezaba una inusual carta de Hacienda que 659 contribuyentes recibieron por correo ordinario en junio de 2010. Todos ellos tenían en común que sus nombres aparecían en la llamada lista Falciani. Esta misiva, que Cinco Díasya publicó pocos días después de enviarse, invitaba a los declarantes a regularizar su situación tributaria en el plazo de 10 días y levantó duras críticas de la Organización de Inspectores de Hacienda, que entendieron que el proceso suponía un trato de favor a los presuntos evasores.
El entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió el 24 de mayo de 2010 el listado de contribuyentes españoles con cuentas opacas en la filial suiza de HSBC a través de las autoridades francesas que, a su vez, lo obtuvieron directamente de Hervé Falciani, el informático y empleado de la entidad financiera que sustrajo los datos de miles de clientes de todo el mundo con cuentas numeradas. Con los nombres encima de la mesa, Hacienda rechazó en un primer momento abrir una inspección o comprobación tributaria y, en su lugar, recurrió a un proceso de gestión tributaria de control que implicó informar a los contribuyentes afectados e instarles a regularizar. La diferencia es muy importante. En el caso de la apertura de una inspección, los afectados podrían verse inmersos en un proceso penal por delito fiscal y enfrentarse a penas de cárcel. En cambio, el requerimiento que envió la Agencia Tributaria excluía cualquier pena de cárcel si los afectados seguían las instrucciones, regularizaban su situación y presentaban una declaración complementaria completa y veraz. Así lo hizo, por ejemplo, el que fuera presidente del Banco Santander hasta su fallecimiento en septiembre del año pasado, Emilio Botín.
El Partido Popular, entonces en la oposición, defendió que la actuación de la Agencia Tributaria suponía una suerte de amnistía fiscal encubierta. Los responsables de Hacienda en 2010, la ministra Elena Salgado, el secretario de Estado del ramo Carlos Ocaña y el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, señalaron que optaron por abrir un proceso de gestión tributaria y no de inspección ante la urgencia de evitar la prescripción. La lista Falciani, cuyos nombres están ahora apareciendo en El Confidencial y La Sexta por un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, contenía información sobre cuentas en la filial suiza de HSBC en 2005 y 2006. Los datos llegaron a las manos del Gobierno en mayo de 2010 y el 30 de junio de ese mismo año prescribía el ejercicio 2005 a efectos del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio.
Baile de cifras
Si en la lista Falciani aparecen, según los datos publicados por El Confidencial y La Sexta, 2.694 contribuyentes españoles o relacionados con España, ¿por qué Hacienda sólo remitió 659 notificaciones? El Ejecutivo de Zapatero señaló que hizo una labor de “depuración” porque no toda la información era completa y útil.
Un argumento que para Francisco de la Torre, en ese momento secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda y autor del libro ¿Hacienda somos todos? no se sostiene. Recuerda que el inicio de un proceso de inspección interrumpe la prescripción y era la actuación lógica ante un caso semejante. Otro de los motivos que esgrimieron los responsables de Hacienda era que la información que había llegado hasta sus manos era de poca calidad, en algunos casos incompleta y podría carecer de suficiente eficacia probatoria ante un procedimiento penal. Además, entendían que la invitación a regularizar la situación era el mejor mecanismo para convertir en ingresos fiscales el chivatazo. Tras las declaraciones complementarias se iniciaron los procedimientos sancionadores, que podían alcanzar hasta el 150% sobre la cuota defraudada, aunque la organización de inspectores denunció que la sanción solo se aplicaba sobre los rendimientos y no sobre el principal.
Además, con la legislación vigente en 2010, si el contribuyente demostraba que el dinero se sacó de España en un ejercicio ya prescrito, no cabía imputar los recursos evadidos como una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF. A fecha de junio de 2011, últimos datos oficiales facilitados por la Administración, se habían cerrado sanciones a 349 contribuyentes por un importe de sólo siete millones de euros. El proceso de regularización voluntaria permitió recaudar unos 260 millones. Ese fue el dinero que ingresó Hacienda por las declaraciones complementarias y que, en caso de ser veraces y completas, cerraban la puerta a condenas por delito fiscal. Hacienda también informó en 2011 que, tras el requerimiento remitido en junio, el caso había derivado en la apertura de 527 inspecciones a contribuyentes que no habían respondido a la notificación de la Agencia Tributaria o que su declaración complementaria presentaba lagunas.
Ya en esta legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 una amnistía fiscal que permitió regularizar dinero negro o evadido a un coste muy bajo. El tipo fue del 10%. Tras el perdón fiscal, se aprobó una nueva ley contra el fraude fiscal que endureció de forma notable las sanciones económicas por ocultar rentas en el extranjero.
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