La sanidad pública en España está inmersa en un caos monumental de recursos humanos. Más de un lustro de recortes, precariedad, jubilaciones forzosas y restricciones en el número de MIR para ahorrar y fortalecimiento de la privada ha llevado a que falten miles de médicos, según denuncian sindicatos médicos y comunidades. No es algo puntual, sino que media España tiene problemas para cubrir plazas de anestesistas, médicos de atención primaria, pediatras, radiólogos… La situación empeorará los próximos años con la jubilación de 45.000 médicos (el 21%), los que entraron en el sistema en el ‘boom’ de los 80. El Ministerio de Sanidad, que no previó esto, ha creado un grupo de trabajo con las comunidades y los sindicatos médicos avisan de que ahora se cosechan errores de años. Desde que un médico entra en la facultad hasta que obtiene la especialidad pasan 10 años, así que la inercia del sistema dificulta apaños rápidos.
El goteo de noticias en la prensa local es incesante. El hospital de Lorca ha tenido que suspender citas por falta de dermatólogos y reumatólogos; en la Arrixaca (Murcia) la marcha de un grupo de anestesistas obligó a suspender operaciones; en Jaén hay médicos venezolanos ejerciendo en la pública sin el título de anestesista homologado por falta de profesionales: en Madrid la escasez de pediatras ha sublevado a los padres, en Ibiza la carestía de anestesistas hace crecer la lista de espera, la unidad del Dolor de Pontevedra no logra cubrir las bajas; el defensor del pueblo de Aragón ha pedidosolucionar la falta de médicos rurales… ¿Qué está pasando? No es que haya cundido un alarmismo súbito, sino que lo que podía parecer un problema periférico ha acabado por delatar una falla estructural en el sistema sanitario público que se explica por una combinación de factores.
En 2013, Hacienda impuso un duro recorte a las comunidades autónomas y estas encontraron una buena forma de ahorrar: obligaron a jubilarse a los médicos de 65 años, que hasta entonces podían ejercer voluntariamente hasta los 70, cosa que hacía la mayoría. Así fueron jubilados a la fuerza entre 5.000 y 10.000 médicos (una de las cosas que están asomando es la falta de estudios actualizados con visión de conjunto al ser una competencia autonómica). Francisco Miralles, secretario de la Confederación Estatal de sindicatos Médicos (CESM), recuerda aquellos días: «Ya veíamos venir jubilaciones masivas pero el Gobierno decidió hacer caja de todas formas. Apretó a las comunidades y estas respondieron jubilando médicos. Solo se repusieron el 10% de las plazas».
La Organización Médica Colegial avisa: «En los próximos cinco años se jubilarán 45.000 médicos»
Javier Cerdán era cirujano del Hospital Clínico de Madrid. Él es uno de los que recibió esa carta obligándole a jubilarse a los 65 en contra de su voluntad. Estaba en la unidad de coloproctología y operaba cuatro días a la semana, en jornadas de sol a sol. El quinto día pasaba consulta. En febrero de 2013 cumplió 65 años y el 30 de abril de ese año le llegó la carta de despido. «Un país se debe preguntar seriamente si a los 65 años son jubilables todos sus profesionales. En ese momento yo estaba en una actividad plena y transmitiendo el conocimiento a mis colegas, que es lo que me gusta». En vez de tomarse vacaciones, Cerdán siguió pasando consulta hasta el 15 de mayo de ese año, el último día que le tocaba, y se despidió llorando del hospital en el que había pasado 41 años. Muy pocos fueron los elegidos para prorrogar su actividad y sus casos a menudo se vieron envueltos en acusaciones de enchufismo. No pasó solo en Madrid, sino que todas las comunidades hicieron lo mismo. Eran los peores días de la asfixia económica.
Es discutible que su caso, como el de tantos otros, supusiera tal ahorro para la sanidad pública. Estos comenzaron a cobrar la pensión máxima. Su remuneración pasó de salir del presupuesto autonómico a las arcas de la seguridad social, pero es dinero público en cualquier caso. Además, Cerdán no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a operar en una clínica privada, concluyó las tesis doctorales que estaba dirigiendo y sigue acudiendo a cursos, jornadas y congresos. «Lo pasé muy mal unos meses. Cuando volvía al hospital tardaba media hora en caminar unos metros porque todo el mundo me saludaba. Ahora ya lo llevo bien», explica en un café de la capital. Además de no ahorrar mucho al bolsillo de los contribuyentes, ha beneficiado a la privada, que ha recibido cientos de médicos con experiencia dispuestos a ir allí a complementar su pensión.
Tras ese parche, las comunidades han comenzado a relajar los criterios para jubilarse a los 70 años. Ahora conceden las prórrogas de forma más flexible. Algunas cada seis meses, otras hasta los 67 años… Pero el problema solo va en aumento. En los próximos años las jubilaciones van a multiplicarse, como ocurre en general en todo el cuerpo de funcionarios. Juan Manuel Garrote Díaz, secretario de la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de médicos, pone cifras al problema de la invertida pirámide de la población sanitaria. «Somos 253.000 médicos en España, de los que hay unos 213.000 médicos en activo, eso implica que tenemos una ratio por paciente de las más altas del mundo. En principio no deberían faltar. Más que faltar lo que pasa es que están mal distribuidos y mal contratados. Además, tenemos una población sanitaria envejecida. En los próximos cinco años se jubilarán 45.000 médicos, el 21%».
La consejería de Sanidad de Asturias detalla cómo afecta la situación en esa comunidad. «La sanidad asturiana emplea actualmente en su plantilla estructural a unos 1.300 facultativos en edad próxima a la jubilación que son los nacidos antes de 1960. Esta cifra supone aproximadamente un tercio de la plantilla del Sespa [Servicio de Salud del Principado de Asturias]. Unos 515 de estos médicos están en edades de jubilación antes del 2020 (nacidos en 1955 o antes) que en muchos casos son los de las primeras promociones de la Universidad de Oviedo», según un documento autonómico que resume el problema. El diagnóstico común es que no ha habido diagnóstico, que cada decisión ha seguido a otra sin pensar a medio plazo. «En el conjunto del país no se ha hecho nunca una planificación seria y rigurosa de las necesidades de especialidades», sostiene la consejería asturiana.
Francisco Miralles, secretario del CESM, coincide: «Hay una ausencia total de planificación. Llevamos 20 años reclamando un registro de profesionales. Lo firmamos en 2013 en Moncloa y aún no está hecho. Cada servicio de salud conoce sus nóminas pero no lo comparten. Vivimos de sensaciones y con esas tomamos medidas». En esas sensaciones está que no faltan médicos solo de una especialidad, que el problema está bastante extendido. Miralles está sentado en una cafetería en el centro de Madrid junto a Tomás Toranzo, también médico y presidente del CESM. Se van quitando la palabra al caer en las especialidades donde hay lagunas. «La atención primaria está bajo mínimos». «No hay médicos de familia ni pediatras «. «En muchas zonas faltan anestesistas y radiólogos». «Pero en otros hospitales faltan urólogos, cardiólogos, traumatólogos… falta de todo. En según qué zona falta un tipo de médicos». Miralles pone un ejemplo de su comunidad, Murcia. «En los hospitales comarcales es muy difícil cubrir las plazas. El de Caravaca tiene dos radiólogos y necesitaría cinco, pero los que hay en Murcia no van allí». La falta de médicos es mucho más acusada en zonas de la periferia que en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades. Pero el sistema no incentiva que vayan a zonas menos pobladas.
Una paradoja es que la universidad española ha multiplicado el número de facultades privadas de medicina y se licencian en medicina más de los que el sistema absorbe, pero muchos se han ido al extranjero. José Martínez Olmos, senador del PSOE y exalto cargo de Sanidad, cree que este éxodo ha sido fundamental, más que las jubilaciones. «Cuando se empiezan a tomar medias contra la crisis muchos profesionales se van fuera de España. Ahora, cuando empiezas a tener más posibilidades presupuestarias, no hay gente en las bolsas de empleo para cubrir las plazas». La oferta en España, a menudo encadenar contratos eventuales durante años —algunos firman por horas, lo que dure una guardia—, no es atractiva para muchos de los que se fueron.
Hay médicos extracomunitarios ejerciendo sin la especialidad homologada. Los gerentes dicen que no tienen más remedio por la falta de profesionales
Cuantificar ese éxodo es, de nuevo, difícil. La Organización Médica Colegial expide un certificado a los que buscan ir a otros países de la UE. Solo en 2017 lo pidieron unos 2.500 médicos (400 menos que el año anterior). «Probablemente no se hayan ido todos sino las tres cuartas partes. De esos la mayor parte son médicos de familia —es normal porque son los que más hay— pero después le siguen anestesistas», explica Garrote en su despacho. «En España tenemos 42 facultades de medicina, que es una barbaridad, cuando en otros países hay diez. Reino Unido y los países nórdicos no tienen tantas universidades y contratan de fuera y pagan incluso a los médicos españoles para que aprendan el idioma y hacen contratos estables. En los últimos 10 años se habrán ido unos 25.000 médicos. Muchos han vuelto, pero a otros cuando los llamas con una oferta precaria prefieren no hacerlo porque allí tienen mejores contratos y consideración». Otros de esos médicos eventuales se han pasado a la privada, hasta hace unos años considerada una opción para las tardes, para complementar el trabajo en la pública, y cada vez más un sitio donde trabajar a tiempo completo.
La tormenta perfecta no acaba con las jubilaciones de médicos, el envejecimiento y la emigración masiva. Con los recortes, el Gobierno bajó las plazas del examen MIR, el imprescindible para obtener la especialidad y trabajar en el sistema público en España. Hace una década había 7.000 plazas de MIR y el año pasado 6.200. Este año ha subido a 6.500 plazas. «Hemos formado menos especialistas y no los tenemos. Se está creando una bolsa como ya tuvimos hace 25 años formados que no pueden ejercer porque no tienen la especialidad», explica Miralles, responsable del sindicato médico más representativo.
Las comunidades quieren ampliar ahora las unidades acreditadas para formar residentes en los hospitales pero de nuevo los recortes demoran la solución. Ahí hay otro «cuello de botella burocrático» que explica Martínez Olmos: «Hay que acreditar unidades de docentes para el MIR, pero hasta ahora lo tiene que hacer el ministerio y como faltan funcionarios, porque también ha perdido con la crisis, tarda dos años. Hemos pedido que tengan una autorización propia de la comunidad y que el gobierno lo audite, pero hay que aligerarlo». Solo Andalucía tiene pendientes de acreditar 96 plazas en 21 unidades docentes, según una portavoz.
Fuga de médicos: “Nos vamos a la sanidad privada porque en la pública nos maltratan”
La solución evidente parece traer médicos de fuera, pero de nuevo eso está complicado. El Ministerio tiene que homologar los títulos de los médicos extracomunitarios que quieren ejercer. Pero el procedimiento acumula otro atasco de miles de expedientes. La situación es tan crítica que muchos gerentes de hospital han empezado a contratar médicos, la mayoría latinoamericanos, sin que tengan todavía su título de especialista homologado. Andalucía ha reconocido que tiene en el Sistema Andaluz de Salud a 60 médicos sin el título homologado y la oposición ha llevado el caso al Parlamento. Lo mismo ocurre en otras comunidades como Castilla-La Mancha.
El Ministerio de Sanidad no ha querido hablar para este reportaje y ha remitido a una comparecencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el Senado interpelada por el PSOE sobre la falta de médicos. Allí recordó que las competencias son autonómicas desde 2001 (cuando el Gobierno de Aznar las transfirió aunque algunas autonomías no querían) y señaló que su tarea es la de coordinar: «Lo que hacemos es facilitar la planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado, coordinar las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud y mejorar la seguridad del paciente».
Las vías de agua ya son tantas que el ministerio ha creado un grupo de trabajo con las comunidades para ver cómo taponarlas. Ya es un problema político. «La falta de médicos había que haberla planificado antes, hace ya unos años y no agravarla como hizo el Gobierno de España cuando comenzó a reducir las plazas MIR. En el último consejo interterritorial de salud, del pasado 8 de noviembre, se destacó la necesidad de medidas a corto plazo para solventar las necesidades de especialistas más generalistas, como son médicos de familia, pediatras, internistas, cirugía general y aparato digestivo. En breve será más urgente, porque se añadirá el recambio generacional que hay en los centros de salud y los hospitales. Allí, el Ministerio de Sanidad no planteó ninguna medida para resolverlo, aunque sí propuso la creación de un grupo de trabajo», según cuenta un portavoz de la consejería de Sanidad de Extremadura, gobernada por el PSOE.
El asunto tiene más derivadas. La falta de médicos ha sobrecargado de trabajo a muchos de los que están en el sistema público. Y estos empiezan a estar hartos de ese sobreesfuerzo especialmente tras haber perdido sueldo. Ahora exigen recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis. El próximo 21, los médicos han convocado una protesta en Madrid ante el ministerio. Sus reivindicaciones hay que sumarlas a las de pensionistas y otros funcionarios como los policías, que han avanzado hacia la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.
Miralles, secretario del CESM, se mira en el espejo de la subida de sueldos a policías y guardias civiles. «En el País Vasco faltan menos médicos que en Castilla y León, porque pagan mejor. En la sanidad pública hay una gran disparidad de salarios, ahora que se habla tanto de la equiparación salarial de la Policía va a llegar a los médicos. Han destapado un tarro en el que hay muchos más agravios. En Cataluña los Mossos ganan 600 euros más que la Policía Nacional, pero los médicos de Cataluña cobran 600 euros menos que los del País Vasco, y también tienen derecho a que los equiparen. Los andaluces ganan casi mil euros menos que en Murcia. No es competencia estatal pero igual el ministerio tendría que poner orden para que las diferencias fuesen mínimas». La sanidad pública se está convirtiendo en un polvorín y la mecha prende más rápido de lo que parece.
Fuente: Elconfidencial.com (10/03/18) Pixabay.com
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