La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de llevar ante los tribunales las normas de los Ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián para poner coto al abuso en el alquiler turístico muestra la necesidad que tiene este sector de clarificar la normativa en un asunto medular para las grandes ciudades. En la práctica, esta medida impugna la normativa aprobada por estos consistorios, que recoge, entre otros puntos, la limitación en la concesión de licencias, la exigencia de que el inmueble tenga un acceso directo a la calle para no molestar al resto de vecinos o que sólo puedan alquilarse a turistas las plantas bajas o en los primeros pisos. Por muy justificadas que estén estas normas, la realidad es que suponen una limitación flagrante de la competencia que impide el acceso a nuevos operadores y lesiona los derechos de consumidores y usuarios que, a la postre, encuentran menos opciones en el mercado.
Nadie discute que la denominada gentrificación constituye un reto para las urbes, cuyos centros urbanos se ven saturados por el crecimiento desorbitado en el número de visitantes. Ello tiene consecuencias no sólo en el segmento turístico sino en el mercado inmobiliario, lo que explica el incremento descontrolado en los precios del alquiler. Este periódico siempre ha defendido la necesidad de fomentar la competencia, y los sectores residencial y turístico no son una excepción. Sin embargo, debe hacerse con transparencia y con una legislación nítida que evite duplicidades y garantice la seguridad jurídica. Los reglamentos que han sacado adelante varios ayuntamientos, entre ellos los señalados por el supervisor, no supone, de facto, una mayor calidad en los alojamientos turísticos. Un caso paradigmático es la ciudad de Barcelona. Ada Colau, que no pierde una ocasión para mostrar su furor por el intervencionismo, lleva toda la legislatura luchando sin éxito contra la extensión de los apartamentos ilegales. En 2017, en la capital catalana había registrados en Airbnb -plataforma de referencia- casi 8.900 apartamentos. En Madrid rozaban los 10.400.
La experiencia en las grandes ciudades demuestra que sólo desde la coordinación y el respeto a las reglas del mercado se puede encontrar una solución que armonice los intereses de los vecinos con los de los promotores en un sector como el turismo, que aporta más del 11% de la riqueza nacional.Para eso hace falta aclarar un galimatías jurídico que actualmente se traduce en la invasión de competencias entre administraciones. Resulta inexplicable que, mientras la Unión Europea avanza hacia la convergencia y el mercado único, en España sigamos empeñados en disgregar el marco normativo.
Fuente: Editorial Elmundo.es (9/8/18) Pixabay.com
