A las 11.00 de la mañana de un día de mediados de julio, una señora de mediana edad, de aspecto agradable, pero visiblemente acalorada, se acercó al porche de una casita en la localidad playera de Alcossebre, al norte de Castellón. Carpeta en mano, se fijó en el número de la vivienda y se dirigió después a Arancha Piney, madrileña de 38 años, que en ese momento estaba dando de comer a su hija menor. “Me preguntó por los dueños, si vivíamos allí de alquiler y si teníamos contrato”, cuenta Piney. “Al principio creí que se trataba de una encuesta, pero enseguida vi que los papeles de su carpeta llevaban el sello de la Agencia Tributaria”.
Si en 2014 los funcionarios de Hacienda visitaron 7.410 viviendas con indicios de estar arrendados sin declarar, este año se han reforzado esas inspecciones, según declaró el pasado marzo el ministerio del ramo en una nota. Además, en la Comunidad Valenciana, las visitas son dobles, pues la Agencia de Turismo, dependiente de la Presidencia de la Generalitat, hace sus propias inspecciones. En este caso, es un agente de turismo el que se desplaza junto a la policía local. “Sancionaremos las irregularidades [las multas pueden llegar a los 90.000 euros] e informaremos a la Agencia Tributaria del Estado”, explicó el presidente de la Agencia de Turismo, Francesc Colomer.
Durante la campaña, de mediados de julio a mediados de septiembre, rastrearán alquileres en 15 municipios con una larga tradición de sol y playa y segundas residencias: Benidorm, Denia, Torrevieja, El Campello y Calpe (en Alicante); Vinaròs / Benicarló, Peñíscola, Alcossebre, Oropesa y Benicássim (Castellón); y Oliva, Miramar, Bellreguard, Tavernes de la Valldigna y Gandia (Valencia).
En el caso de Arancha Piney, que pasaba unos días de vacaciones en Alcossebre junto a su marido, sus hijos y su suegra, la visita fue de una trabajadora de la Agencia Tributaria. “Me pidió el contrato de alquiler de la casa y lo revisó, pero nada más, no hizo copia ni nada. Luego me estuvo preguntando una media hora todo tipo de cosas, sobre lo que habíamos pagado, si nos habían cobrado algún extra por agua o luz, si había trastero, limpieza…”, añade Piney.
Rastreo por Internet
Los apartamentos vacacionales en Baleares son otro de los grandes objetivos de la Agencia Tributaria. Con la ayuda de la Consejería de Turismo, han identificado 700 titulares de apartamentos sospechosos, algunos de ellos con cuentas en el extranjero. Además, los funcionarios del fisco visitarán 50 inmuebles de “alta gama”, algunos de los cuales se han llegado a ofertar por casi 40.000 euros a la semana o 5.500 euros la noche. Entre ellos, llaman la atención propietarios que figuran en las bases de datos de la agencia como no declarantes, a pesar de que ofrecen pisos por varios miles de euros a la semana; o un inmueble fantasma (en un terreno sin construir, según el Catastro) ofrecido por 3.000 euros semanales.
Aquella casa de Alcossebre, una de las 2.300 que inspeccionará este año Hacienda solo en la Comunidad Valenciana, no era un destino al azar. Los funcionarios revisan la información de alquileres que se ofrece en la web para elegir sus objetivos, un trabajo previo muy parecido al que hace la Agencia Valenciana de Turismo. Después, contrastan con la información tributaria de los dueños y con la que consiguen in situ. Desde que comenzaron las inspecciones, en 2012, hasta el año pasado, un 35% de pisos visitados estaban en situación irregular, según informó en el Congreso el pasado febrero el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
El trabajo de los inspectores no es fácil, pues algunos inquilinos ofrecen nombres y DNI falsos y otros, aunque reconocen en un primer momento ser inquilinos, envían días después un escrito a la Agencia Tributaria diciendo que en realidad son familiares o amigos del dueño, seguramente aconsejados por el propietario de la casa, según fuentes de Hacienda.
Estas dificultades cuadran perfectamente con la actitud ambigua con la que la inspectora del fisco se acercó a Arancha Piney en Alcossebre. “Se quedó de pie, sin decir quien era, apuntando apoyada en la pared, hasta que le pedí que se sentara. Al final, me entregó una copia de todo lo que había apuntado, se identificó y me indicó donde podía comprobar su identidad y resolver cualquier duda que tuviera”.
En este caso no lo fue, pero pueden llegar a producirse situaciones violentas. No en vano, los trabajadores valencianos de turismo van siempre acompañados en sus inspecciones por la policía local. Los funcionarios de Hacienda, sin embargo, van solos, pero han tenido que pedir ayuda a los agentes en momentos de tensión grave, cuando algún propietario o algunos vecinos les han increpado mientras hacían su trabajo.
La batalla del sector
No se trata solo de recaudar los impuestos distraídos, explican fuentes de Hacienda, sino de evitar la competencia desleal a los alojamientos regulados que sí pagan y de que todos los que no lo estén haciendo empiecen a declarar al ver que cualquier día les puede tocar la inspección. En la Comunidad Valenciana, se han inscrito en el Registro General de Empresas 680 nuevos apartamentos (más de 3.600 nuevas plazas) desde que comenzó la campaña de Turismo el pasado 15 de julio. En total, hay registrados en toda la comunidad 41.000 apartamentos que ofrecen 200.000 plazas.
La oferta de apartamentos turísticos ofrecidos por días o semanas no ha hecho más que crecer en los últimos años de la mano de páginas de Internet como Airbnb o HomeAway, de tal manera que en 2014 más de medio millón de turistas extranjeros utilizaron esta opción. Unas cifras que han hecho al sector hotelero ponerse en guardia: aseguran que los apartamentos vacacionales son un nido de fraude —“Una parte relevante de esta oferta pertenece a la economía sumergida”, dicen— y reclaman una regulación más dura.
Cada autonomía tiene norma una distinta y también la tienen muchos Ayuntamientos. Unas permiten el alquiler, pero obligan a estar registrados (como en Valencia, Aragón o Cataluña), mientras otras solo lo permiten si no el piso no está en primera línea de playa (Canarias) o si son casas individuales y no pisos en edificios de vecinos (Baleares).
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