El anuncio en el portal inmobiliario decía así: «Condiciones económicas: tres meses (entrada, fianza y agencia). La suma de ingresos de los inquilinos y/o avalistas en total debe ser, mínimo, sobre los 2.500€». Cada vez resulta más complicado convertirse en inquilino porque los propietarios cada vez establecen exigencias más altas para entregar las llaves de sus casas. Y no queda ahí, ya que advierten de que la situación irá a más ante la futura Ley de Vivienda.
Los caseros han empezado a tomar posiciones para protegerse ante los cambios que anuncia la norma recién aprobada por el Consejo de Ministros. Dicen sentirse «criminalizados» y buscan asegurar la estabilidad de sus rentas futuras, aunque sea a costa del bolsillo de los arrendatarios en el presente.
«Los nuevos propietarios llegan con muchas cautelas, suben los precios y están dispuestos a esperar más meses para encontrar a un inquilino que pueda pagarlo. Además, en caso de tener que mantener el contrato durante más años, se cubren ante la congelación». Lo cuenta Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, confirmando lo que es una tendencia que cada vez se repite más en las oficinas de la compañía.
Las garantías, que ya venían siendo altas ante la situación de crisis económica y el riesgo de vulnerabilidad de las familias, han cobrado más importancia si cabe de cara a un escenario en el que los alquileres podrían verse regulados ya que, si los precios se estandarizan por intervención exógena al mercado, serán los inquilinos que mayor nivel de confianza y seguridad ofrezcan los que tendrán mejor posición para alquilar más fácilmente.
«La posibilidad de la limitación de precios de los alquileres acota enormemente los términos en los que se desenvuelve la oferta que, o bien se ve reducida en cuanto a calidad -siendo también perjudicial para el inquilino-, o bien reclama garantías adicionales. Esto es así porque si no puede conseguir al mejor inquilino vía precio de mercado, exigirá, al menos, garantías de pago y otros mecanismos de diferenciación», apunta Raúl Pérez Acebo, presidente de Avalisto, una insurtech especializada en este sector de los seguros.
Pérez Acebo hace referencia a los datos del Observatorio Español del Seguro de Alquiler, según los cuales los seguros de protección de alquiler han crecido de un 10% a un 20% en aseguradoras tradicionales y hasta un 50% en corredurías nuevas. «En el caso de Avalisto, en el segundo trimestre igualamos todas las ventas de 2020 y llegamos al cuarto trimestre de 2021 con expectativas de cerrar el año triplicando esos resultados», añade.
Seguros de impago
La inquietud se nota también en la actividad registrada por portales y comparadores como Rastreator, que entre enero y julio de este año notó un aumento interanual del 80% en las búsquedas relacionadas con los seguros de impago de alquiler. «En el seguro de alquiler te hacen primero un estudio para ver la viabilidad del asegurado, y este año ha habido un 50% más de solicitudes de este tipo. Lo normal es que la persona que la completa tenga realmente un interés en la contratación del producto», explica Víctor López, responsable de aseguradoras de Rastreator.
Tal y como indican desde la compañía, el precio medio de este tipo de seguros va en función a la mensualidad del alquiler. «Es decir, para un alquiler de 1.000 euros, si cubres 18 meses de impago, se paga al año 795 euros sin franquicia y desde el primer mes», explican. «Lo que sí se ha podido apreciar es que muchas compañías han ampliado sus coberturas en este tipo de seguro, lo que hace que la prima contratada sea mayor», añaden.
Y Antonio Carroza, de Alquiler Seguro, lo corrobora. «Se ha dado una subida de las primas muy espectacular, del 2,5% al 5% de la renta anual», apunta.
Ley de Vivienda
El interés por este tipo de productos y garantías para el arrendamiento ya comenzó a dar señales de aumento al principio de la pandemia, dado el riesgo para la economía de los hogares, el posible aumento en la morosidad o la bajada en la demanda. Y a todo eso se ha sumado en los últimos meses la incertidumbre en torno a la futura Ley de Vivienda.
El anteproyecto aprobado por el Gobierno obliga a los grandes tenedores a rebajar las rentas en las zonas declaradas como áreas tensionadas y, en el caso de los particulares, establece un sistema de incentivos y bonificaciones que se activarán siempre y cuando el propietario acceda a reducir los precios o, al menos, a no subirlos.
En la práctica, estas medidas supondrán, como mínimo, una congelación de las rentas percibidas y los propietarios prefieren adelantarse para evitar quedarse estancados.
Los inquilinos tendrán que encajar la otra cara de la moneda, es decir, la subida de las rentas, las mayores exigencias de avales y fianzas o, incluso, el pago de los seguros contratados. El acceso al mercado del alquiler se estrecha y en el sector advierten de que podrían darse incluso situaciones de discriminación por no cumplir con los niveles exigidos.
Fuente: elmundo.es (30/10/21) pixabay.com
