Según los cálculos de los auditores de la Unión Europea, no merece la pena desde el punto de vista de la rentabilidad tener un aeropuerto abierto con menos de 100.000 pasajeros al año. Por debajo de esta cifra, la infraestructura perdería 130 euros por pasajero, de ahí que sólo sea recomendable si cumple una función importante desde el punto de vista social (por ejemplo, si es el único de una isla). El derroche de los aeropuertos españoles: retrato de unas instalaciones insostenibles.
Siguiendo este criterio, Aena, la empresa pública que gestiona estas infraestructuras, podrían cerrar hasta nueve aeropuertos, que están muy lejos de los 100.000 pasajeros: Badajoz, León, Burgos, Salamanca, Logroño, Vitoria, Córdoba, Albacete y Huesca.
Ninguno de ellos alcanza la cifra de 100.000 pasajeros al año ni de lejos, con cifras que van desde los 259 viajeros de Huesca hasta los 37.000 de Badajoz entre enero y noviembre de este año.
Tampoco llega a estas cifras el único aeropuerto no gestionado por Aena actualmente operativo, el de Lleida-Alguaire. Éste, según los datos facilitados por la Generalitat de Cataluña, gestora del aeropuerto, acumula 25.800 viajeros en los primeros once meses del año.
A los nueve aeropuertos semi vacíos de Aena y al de Lleida-Alguaire, se le suman los tres aeródromos ya listos para operar pero sin aviones: Ciudad Real, Castellón y Murcia-Corvera.
70 millones en gastos y 750 millones en deudas
En total, mantenerlos abiertos cuesta unos 69,9 millones de euros anuales y eso que conseguir las cifras de los que no son de Aena es complicado. De los que están abiertos, el más caro es el de Vitoria, que tiene un coste anual de algo más de 12 millones de euros. No obstante, aunque no hay números oficiales, el mantenimiento del aeródromo de Ciudad Real supone unos 18 millones.
Además, casi más grave que el coste anual que suponen es su deuda. Entre estas 13 infraestructuras poco útiles suman más de 750 millones de euros en créditos que, funcionen o no, habrá que pagar.
Hace unos días, el Tribunal de Cuentas Europeo no sólo criticaba la existencia de algunos aeropuertos sino que cuestionaba el uso de fondos europeos para la ampliación de otras infraestructuras, como las de Fuerteventura, Córdoba o Vigo.
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