Un almacén subterráneo de gas inoperativo, subvenciones al carbón y a la gran industria, cánones autonómicos y un amplio catálogo de impuestos. Las facturas domésticas incluyen multitud de costes ajenos al suministro que engordan el precio del servicio.
Carburantes
El mayor beneficiario por cada litro de carburante vendido en España se llama Ministerio de Hacienda. Las arcas públicas ingresan hasta un 55% del coste de repostar a partir del Impuesto Especial de Hidrocarburos y del IVA, aunque esto depende en parte de la voracidad recaudatoria de cada comunidad autónoma.
Por cada litro de gasolina, 0,42 euros corresponden al tramo estatal del Impuesto de Hidrocarburos, y entre 0 y 4,8 céntimos a la parte autonómica, según las políticas recaudatorias de cada región. Al final, el máximo por este impuesto que se aplica en la mayor parte de gasolineras en España es de 47 céntimos por litro. En el caso del gasóleo para automoción, el coste de este impuesto por cada litro de carburante es 10 céntimos inferior. De ahí gran parte de la diferencia de precios entre ambos productos.
A este primer tramo fiscal se le suma el coste de la energía, que oscila en relación al precio del petróleo y de la cotización internacional de los carburantes. Su coste actual es de 31 céntimos para la gasolina y de 26 céntimos para el gasóleo, según las empresas del sector.
Además, hay que sumar un coste por litro para ambos carburantes de 17 céntimos que integra partidas muy diferentes. Este tramo es el más opaco, ya que no permite distinguir qué parte corresponde a partidas tan diversas como el margen de la petrolera, el del gasolinero, el coste de transporte, el de mantener reservas estratégicas de crudo o la aportación a un fondo nacional creado por el Ministerio de Industria para promover la eficiencia energética. A la suma de ambas partes se le añade, además, un 21% de IVA, que eleva el total del peso fiscal a 66 céntimos -en el caso de la gasolina- y de 54 céntimos para el gasóleo.
La factura del gas está menos politizada que su hermana eléctrica, pero no por eso se libra de incluir costes ajenos al suministro energético y fiscal. Ahora que el precio del gas se ha hundido, lastrado por la caída del barril del petróleo, la mayor partida del recibo va dirigida a pagar los distintos costes del sistema. Sobre una factura de 100 euros, estos costes supondrían un total de 47,3 euros, según los cálculos realizados por el sector.
Un 80% de este dinero va destinado a costear las inversiones de los operadores en el transporte y distribuidor de gas, unos 37 euros de cada factura. La reforma del sector gasista aprobada en 2014 persigue la gasificación del país para sustituir progresivamente el parque de fuel y de butano, sobre todo en el medio rural y en ciudades medianas, y eso se carga directamente al consumidor.
La factura del gas también incluye otros costes como la retribución reconocida de 1.350 millones de euros al almacén subterráneo Castor, construido frente a las costas de Castellón pero inoperativo por su vinculación con cientos de microseísmos en la zona en 2013. En 2016 se destinarán a esta instalación cerca de 100 millones de euros pagados a Enagás en concepto de mantenimiento e hibernación de la planta, y devolución del pago que hizo Enagás a la constructora Escal UGS, filial de ACS, como costes reconocidos de su inversión.
El segundo mayor coste de la factura gasista responde a la materia prima, que hoy supondría 27 euros sobre una factura de 100. Le seguirían costes comerciales -5,1 euros- e impuestos a través del IVA -17,4 euros- y de Hidrocarburos, con 3,1 euros.
Luz
La factura eléctrica sigue siendo uno de los grandes misterios para el consumidor eléctrico medio, que todavía hoy desconoce cómo se calcula el importe de su recibo. El coste de la luz en España puede dividirse en tres patas: el precio que cuesta generar la luz; el de estar enganchado a la red -que incluye los pagos por el transporte y distribución; y un tercero referido a impuestos y todo tipo de costes regulados. Entre estos se incluirían primas a las energías renovables y la cogeneración, ayudas al carbón, subvenciones a la gran industria, pagos por la deuda acumulada del sistema en el pasado…
El coste de las redes y el del resto de partidas reguladas tiene un peso total del 44% sobre la factura de un consumidor medio, según los datos facilitados por el sector. A esta cantidad habría que sumar un 3% de margen comercial para el operador y un 4% por las pérdidas de electricidad en la red, de las cuales una parte está vinculada al auge del fraude en el sector a través de enganches ilegales y manipulación de contadores. El impuesto sobre la electricidad supondría un 4% del recibo. Un 1% costearía el alquiler del equipo de control y telemedida, mientras que el IVA equivaldría a aproximadamente el 17% del coste.
Agua
La factura del agua es la más dispar de las que entran cada dos meses en el buzón de millones de hogares. Las competencias en esta materia pertenecen a los municipios, por lo que la estructura de las tarifas puede variar por ciudades, áreas metropolitanas -como Barcelona- o incluso por regiones, como en el caso de Madrid.
Esta factura incluye un menor peso fiscal que el recibo de otros servicios, del orden del 9% sobre el total de la factura. El resto se reparten entre una parte fija y una variable. Al tratarse de facturas progresivas, el precio del metro cúbico de agua aumenta según se incremente su consumo.
Al comparar los cientos de sistemas de tarificación existentes en España, la mitad de la factura suele vincularse al abastecimiento de agua. Ésta es la partida que incluye la logística del agua y su precio. Otros costes estarían ligados a la depuración -equivalente aproximadamente a un 25%- y al alcantarillado, que asciende a un 14,6%.
Teléfono
Las facturas combinadas o con servicios empaquetados han dejado atrás modelos anteriores en los que el cliente recibía una única factura correspondiente a un único servicio como el teléfono fijo. Hoy, 12,5 millones de usuarios contratan de dos a cinco servicios (teléfono fijo, banda ancha fija, teléfono móvil, banda ancha móvil y televisión de pago) con las compañías, que han decidido empaquetar estos servicios con una oferta por un precio conjunto. De esta manera, los operadores pueden incluir en la tarifa la cuota de línea, datos, coste de establecimiento de llamada, coste por minuto una vez pasado el límite de la oferta contratada, números de atención de pago o gratuitos. Impuestos como el IVA, un 21% del total, es lo único que se desglosa.
En cualquier caso, si existen dudas sobre el consumo facturado, siempre es posible demandar un desglose. Para contrastar precios, los operadores disponen de completas tablas de tarifas en los que se establecen precios con y sin IVA de todos sus productos.
Transporte
Los billetes de avión son un tipo de ticket en el que el precio final por un mismo servicio varía, a veces, en múltiplos porque depende de la política comercial de cada aerolínea. Sin embargo, es cada vez más frecuente que las compañías publiquen en el billete un coste fijo como es la tasa aeroportuaria para pasajeros. Para un vuelo de ida y vuelta con Iberia desde Barajas (Madrid) a El Prat (Barcelona), esas tasas ascienden a 43,73 euros. De esa cantidad, 8,32 euros cargados al pasajero pagan la seguridad del aeropuerto.
A partir de ahí, las compañías construyen planes de tarifas para todo el pasaje de manera que puedan compensar los costes, entre los que destacan los de combustible y personal, para añadirle un margen. Cada aeropuerto tiene sus propias tasas. Heathrow en Londres, por ejemplo, es el más caro de Europa. Un vuelo Barajas-Heathrow-Barajas incluiría unas tasas de 79,84 euros, más del doble que a Barcelona.
En el tren, los billetes del único operador público no incluyen la información sobre los cánones que le cobra el propietario de la vía, Adif. El peso de estos cánones sobre los ingresos que genera Renfe es una batalla constante entre ambas empresas. En la venta de billetes oscila entre el 30% y el 35%, según fuentes del operador ferroviario. En este sentido, es más caro mover trenes de alta velocidad y larga distancia que otros por vías convencionales. El cambio en la política comercial de Renfe ha hecho que los precios finales no guarden una proporcionalidad fija con estos cánones.
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