Miguel Ángel Pérez nunca olvidará aquel recibo de la luz que le llegó finales de 2014: la compañía que le prestaba el suministro eléctrico le exigía un pago de 1.541,06 euros. ¿Qué había hecho para deber semejante importe? Ningún consumo extraordinario: esa cuantía era el resultado de una sanción que Iberdola le había impuesto con la acusación de manipular el contador. En estos casos, la multa está establecida por ley, y obliga a refacturar un importe correspondiente a seis horas de consumo diario durante un año, siempre y cuando no sea posible determinar el porcentaje de energía defraudada, lo que haría el castigo aún más duro.
Pérez asegura que la notificación de la eléctrica le cayó como un jarro de agua fría: no lograba explicarse lo que había pasado. “Contacté con la compañía diciendo que yo no había hecho nada, que no sabía de qué me estaban hablando. No hubo manera: al final tuve que pagar, si no me iban a cortar la luz”, recuerda. Tras reclamar ante la empresa, dirigirse a la Oficina de Consumo autonómica y acudir a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, todavía no sabe si volverá a ver esos 1.500 euros que abonó.
El caso de Pérez no es único ni raro. Las asociaciones de consumidores llevan tiempo denunciando que las sanciones de este tipo han ido creciendo, y que cada vez más usuarios se dirigen a sus sedes para saber cómo actuar ante algo que consideran un abuso. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado sobre el tema, aunque la protección de los consumidores no esté contemplada entre sus actividades. Pese a ello, recibió más de 1.000 reclamaciones relativas a la facturación eléctrica en 2014 –últimos datos hechos públicos-, parte de ellas referentes a inspecciones que detectaron manipulación de contadores en vulneración de la ley, al llevarse a cabo sin ponerse “en conocimiento de la autoridad competente (Industria de la Comunidad Autónoma) y sin estar presente el consumidor”, detalla la agencia.
¿Cómo reclamar?
Desde la OCU aconsejan que, si las lecturas del contador son regulares y evidencian un consumo normal, se recurra a la vía judicial. “Cuando los consumidores acuden a las autoridades administrativas, al estar regulado que el consumidor es el custodio de ese contador, las autoridades desestiman las reclamaciones sin más comprobaciones”, lamentan desde la organización.
Un juez, por otro lado, “tras valorar las pruebas, puede determinar si efectivamente se ha demostrado que el contador está manipulado y cuál es la fecha de manipulación”. Además, si la cantidad a reclamar no supera los 2.000 euros, no es necesario ni abogado ni procurador. En este caso, aunque el cliente sea condenado en costas, solo se le pedirá que pague el desplazamiento al juzgado del representante de la eléctrica, aclara la asociación de consumidores.
Efectivamente, la Ley del Sector Eléctrico establece que es necesario “poner en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de los sujetos que pudieran verse afectados si los hubiere, las situaciones de fraude y otras situaciones anómalas”. Pérez, como muchos otros consumidores, conoció la sanción por supuesto fraude solo a través de una carta. La multa que se le conminó hacía referencia a un piso de Murcia —ciudad de la que es originario, aunque resida en Madrid—, que llevaba más de dos años alquilado a un matrimonio, que tampoco fue avisado de la inspección.
“Hasta entonces, nunca había habido problemas, el importe de los recibos solía oscilar entre los 90 y los 120 euros, una cifra normal según las condiciones de la vivienda”, comenta Pérez. “De repente me llegó una carta diciendo que el contador había sido manipulado, que había ido un inspector y había detectado una anomalía”. Al presentar la reclamación, Pérez hizo hincapié en el hecho que en ningún momento se le notificó la inspección y que el consumo realizado siempre había sido “normal”. “Se supone que si hay manipulación es para ahorrarse dinero en la factura, pero el recibo siempre había tenido un importe regular”.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma que, en estos casos, el consumidor suele recibir por correo ordinario una carta en la que la empresa comercializadora le comunica que la distribuidora —encargada de realizar la inspección— ha detectado durante el control una “presunta” anomalía que queda reparada en el mismo momento. Esto ocurre “sin que se haya comunicado con anterioridad al usuario ni la existencia de irregularidades en su consumo, ni la fecha de la inspección”, para darle la oportunidad de estar presente y poder contradecir las conclusiones del técnico, o, al menos, comprobar la veracidad de su afirmación. A este respecto, la asociación recuerda que los profesionales de la compañía eléctrica no gozan de la presunción de veracidad, “puesto que esta se otorga a los funcionarios a los que se le reconoce condición de autoridad”.
Fuentes del sector eléctrico, por su parte, aclaran que la normativa solo obliga a comunicar, y no a avisar con antelación al cliente, lo que implicaría informar a los eventuales estafadores de la llegada de los técnicos, dándoles así el tiempo necesario para subsanar el fraude. Desde Endesa explican que se procura que la inspección se lleve a cabo “con conocimiento de los clientes”, de los que se “intenta recabar la firma del acta”. Pero insisten en que no existe ninguna norma que obligue a dar un preaviso.
Además, el fraude conlleva no solo un evidente problema de seguridad, sino repercute en el bolsillo todos los consumidores que abonan sus facturas, dado que “hay que elevar los ingresos del sistema vía peajes de acceso para equilibrar las cuentas”, detallan las eléctricas. De acuerdo con la CNMC, las pérdidas relacionadas con este delito alcanzan los 150 millones de euros al año.
Las eléctricas reciben una compensación dineraria por reducir el fraude en el sistema
Por eso, las empresas están mejorando e intensificando las inspecciones: el año pasado, las dos mayores distribuidoras abrieron más de 100.000 expedientes. Esta cruzada también está estimulada por el decreto, aprobado en 2013, que incentiva a reducir el fraude en el sistema: en su artículo 40, prevé que las distribuidoras perciban el 20% de los importes declarados e ingresados en concepto de peajes defraudados. De acuerdo con la CNMC, la última cifra calculada alcanzó los 8,47 millones de euros, lo que llevará las eléctricas a ingresar 1,69 millones este año.
“Es cierto que hay que perseguir el fraude”, comparte Enrique García, portavoz de la OCU, “pero hay que garantizar un mínimo de derechos tanto a unos como a otros. Muchas veces la inspección ni se comunica, por lo que entendemos que la empresa elude su obligación de poner en conocimiento al consumidor”. Que se queda totalmente indefenso. Desde las eléctricas, que alegan que la mayoría de las estafas no tiene origen doméstico, admiten que “siempre se pueden cometer errores”. Aseguran, por otro lado, que los nuevos contadores inteligentes harán más sencilla la tarea, al contar con sistemas de alarmas que detectan inmediatamente los intentos de manipulación.
“Cuando fui a reclamar a la empresa, pregunté: ‘¿Y quién me dice a mí que, con un afán lucrativo, no fue el inspector quien manipuló el contador’?”, cuenta Pérez. “Me dijeron que estaba poniendo en duda a la compañía y les contesté que me estaban poniendo en duda a mí. Es su palabra contra la mía”. Resignado, admite que ya ha dado por perdido su dinero: “Han logrado lo que siempre consiguen: por falta de tiempo y desidia empecé a desinteresarme. Es como David contra Goliat”.
Fuente; Elpais.es (7/4/16) Pixabay.com
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