El Ministerio de Fomento ha recordado hoy que las personas y empresas que transporten viajeros por cuenta ajena a cambio de una retribución económica necesitan contar con la autorización de la Administración, una exigencia contemplada en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
Fomento ha recordado esta cuestión en una nota de prensa ante la aparición de anuncios de plataformas de servicios de transporte de viajeros en turismos particulares y después de que las asociaciones de transportistas de viajeros por carretera en España hayan pedido reiteradamente la retirada de aplicaciones que ponen en contacto a particulares para compartir su coche.
Precisamente esta semana se ha convocado una huelga de taxistas en Madrid para protestar contra el servicio Uber, que permite que dos personas compartan coche para trayectos urbanos compartiendo los gastos. Otra empresa amenazada es Blablacar, que ofrece un servicio similar para transportes interurbanos.
Fomento ha señalado que los servicios de inspección del transporte terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación, que establece que quienes realicen dichos servicios sin autorización incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multas de entre 4.001 y 6.000 euros, que podrían aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración. También pueden ser sancionados los usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados, con multas de entre 401 y 600 euros.
El pasado 22 de mayo, el sector del taxi pidió a las administraciones públicas que tomaran medidas contundentes ante la implantación en España de la aplicación móvil Uber, que conecta a usuarios con conductores particulares, no profesionales, “incumpliendo toda la ley de transporte”, una petición que ya había realizado en abril.
Asimismo, en marzo hizo lo mismo la Federación Nacional Empresarial de Transporte de Autobús (Fenebus) con Blablacar, que relaciona particulares que van a hacer un mismo viaje para compartir vehículo a cambio de dinero, al considerar que perjudica “seriamente” los intereses de los usuarios y de los operadores de transporte.
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